El Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza como derecho ciudadano un total de 23 prestaciones sociales
También la titularidad pública en el acceso a los servicios sociales
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JCCM –
Lunes, 11 de octubre de 2010
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, conversa con la directora general de Acción Social, y Cooperación, Esther Padilla, y el coordinador de estudios y programas de la Consejería, Matías Segundo, tras presentar en Toledo el proyecto de Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, conversa con la directora general de Acción Social, y Cooperación, Esther Padilla, y el coordinador de estudios y programas de la Consejería, Matías Segundo, tras presentar en Toledo el proyecto de Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha explicado hoy el proyecto de Ley de Servicios Sociales en la que se prevé para su desarrollo una inversión por parte de la Junta en torno a 1.000 millones de euros anuales.
El Gobierno de Castilla-La Mancha recoge en su proyecto de Ley de Servicios Sociales que ha elevado a las Cortes regionales para su tramitación un catálogo de 23 prestaciones sociales garantizadas como nuevos derechos ciudadanos, es decir, que dejan de ser prestaciones graciables por la Administración. También se garantizará la titularidad pública en el acceso a los servicios sociales básicos.
Prestaciones como la teleasistencia domiciliaria a todas las personas mayores de 70 años que vivan solas o tengan reconocida la situación de dependencia; la ayuda a domicilio a personas dependientes; el alojamiento temporal para las situaciones de urgencia social; la atención temprana hasta los 6 años de edad; la atención a menores en situaciones de desprotección, riesgo o desamparo, o la renta básica para personas en situación de exclusión social son algunas de las prestaciones que quedarán garantizadas como derecho ciudadano.
Estos han sido algunos de los datos aportados hoy por el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, durante la presentación del proyecto de Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha que ha aprobado la semana pasada el Gobierno autonómico y que ha elevado a las Cortes regionales para su tramitación y aprobación en los próximos meses.
“Es una ley moderna, de vanguardia, dinámica, con una gran participación social y promotora de cambios, una ley que quiere ser una palanca de cambio para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas en Castilla-La Mancha”, ha asegurado el consejero, quien ha resaltado que la red de servicios sociales de la región atiende cada año a más de 200.000 personas.
En ese sentido, el Gobierno regional prevé destinar en torno a 1.000 millones de euros anuales para el desarrollo de esta ley que tiene como principal objetivo consolidar la red de servicios y prestaciones sociales de Castilla-La Mancha y no dar ni un paso atrás en su financiación pública.
Compromiso presidencial
En su intervención, el consejero ha recordado que la nueva ley, que sustituirá a la actual de 1986, es un compromiso adquirido por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y surge de la reflexión y el trabajo conjunto del Gobierno regional con los profesionales, entidades, asociaciones, instituciones y otras administraciones implicadas, cada uno desde su ámbito competencial, en la red de servicios sociales de la región.
El responsable regional también ha hecho hincapié en que el desarrollo de la nueva ley dotará a la red de servicios sociales de la región de nuevas herramientas de gestión como la tarjeta social que facilitará el acceso a los servicios; la historia social electrónica única o sistemas de información homogéneos.
“Herramientas que permitirán avanzar hacia una atención social de excelencia, con unos estándares de calidad a la vanguardia en España y Europa, y que supondrá, entre otras cuestiones, que cada persona que requiera el uso de los servicios sociales tenga un profesional de referencia que le ofrecerá una atención personalizada”, ha dicho.
Así, se establece una red de profesionales de servicios sociales tanto en Atención Primaria como Especializada, se mejora la formación del personal que trabaja en este ámbito y se refuerza la coordinación entre las diferentes administraciones. En la actualidad, Castilla-La Mancha dispone de 838 profesionales en los servicios sociales básicos, un 20 por ciento más que hace tres años.
Establecer la protección social como un derecho de ciudadanía bajo los criterios de universalidad, equidad e igualdad en su acceso es, por tanto, el principal eje del proyecto de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, ha recalcado Lamata.
A la vanguardia
El consejero ha señalado que la nueva ley consolidará, estructurará y organizará de manera coordinada la red de servicios sociales de la región, una de las más completas de España y Europa según datos oficiales.
Así, Castilla-La Mancha se encuentra a la cabeza en la atención a las personas mayores, siendo la que más destina a este ámbito con respecto a su riqueza regional.
Es también la primera comunidad autónoma en cuanto a ratio de plazas públicas residenciales y la segunda si se suma las privadas; es la región que dispone de la red de viviendas para mayores más amplia de España y el programa de estancias temporales más completo del país, además de ser referencia en turismo y termalismo social. Asimismo, es la segunda comunidad autónoma en teleasistencia y la tercera en ayuda a domicilio.
En cuanto a discapacidad, Castilla-La Mancha dispone de más de 3.300 plazas en centros de día y centros ocupacionales, su red residencial cuenta con más de 1.700 plazas y el presupuesto de la Junta para la atención a personas con capacidades diferentes se ha incrementado un 52 por ciento en los últimos cuatro años, hasta alcanzar los 141 millones de euros.
En Dependencia, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas mejor valoradas en cuanto a la aplicación y desarrollo de esta ley, que cuenta ya con 35.126 beneficiarios, lo que supone la incorporación de 1.000 nuevos beneficiarios cada mes en los tres años.
Por último, la región también ofrece una amplia cobertura en atención temprana y en los programas de atención a la familia; con más de 55.000 pensionistas, con las pensiones más bajas, que reciben una ayuda complementaria; unas 20.000 familias numerosas que reciben también una ayuda económica; el transporte interurbano gratuito para las personas mayores o el ingreso mínimo de solidaridad y las ayudas de emergencia social.
