La desobediencia civil es un deber, cuando tratan de imponernos leyes injustas, dictadas por gobiernos que actúan, a sabiendas, en contra del sentido común y de los intereses de la mayoría de los ciudadanos, con la única finalidad de favorecer a minorías influyentes cercanas al poder y a poderosos grupos de presión que persiguen solo su propio beneficio.
Por eso, se hace necesaria la desobediencia civil activa contra la LOMCE, la ley de educación que el ministro tertuliano Wert ha consensuado con la conferencia episcopal y empresarios oportunistas en busca de negocio.
1. Porque no es de sentido común, ni resulta admisible, que se pretenda reducir el fracaso escolar de nuestros alumnos aumentando el número de horas de religión católica y equiparando la nota de esta asignatura-catecismo con el resto de materias del currículo.
2. Porque no se garantiza el derecho constitucional a recibir una educación gratuita y de calidad, si se abandona la escuela pública y se privatiza la enseñanza.
3. Porque la educación, que debería promover la igualdad, la justicia y la libertad de las personas, se convertirá con esta ley en un instrumento de discriminación social, arbitrariedad y adoctrinamiento.
4. Porque no mejora la vigente ley, no aborda los problemas reales de la educación, no plantea soluciones a las necesidades del alumnado, ni a los retos con los que se enfrenta cada día el profesorado y nos devuelve a los años más tenebrosos de la dictadura Franquista, al permitir que los obispos impongan su moral particular a toda la ciudadanía.
5. Porque, a pesar de presentarse como una ley de educación, la educación es lo que menos le importa, se trata solo de una excusa para completar la revolución ideológica de la derecha española, la más cavernícola y rancia de toda Europa.
Por todo ello, considero que los docentes comprometidos con nuestro trabajo y la sociedad a la que servimos tenemos la obligación de luchar con todos los medios a nuestro alcance, para evitar la aprobación de la LOMCE, y desobedecerla abiertamente, si un día llegara a implantarse.
Mi apuesta por la insumisión frente a este engendro legal del ministro Wert es un ejercicio de responsabilidad profesional y social, no una rabieta ocasional. No puedo soportar este ataque brutal contra el derecho de todos los ciudadanos a una educación pública, laica, de calidad que, además de proporcionar una formación integral, les prepare para defenderse de la manipulación, los abusos y la sumisión absoluta a la que pretenden someternos los indocumentados meapilas que nos gobiernan. Por eso, es un deber para mí desobedecer la ley Wert.
