Ya desde el título os dejo mi opinión.
Me gustaría además compartir dos interesantes artículos sobre el tema:
Cómo entretener a los dos millones de alumnos que no estudian Religión: deporte libre, acciones ambientales y otras ideas de las autonomías
La asignatura confesional no tendrá una materia alternativa a partir del próximo curso. Las comunidades planean cómo mantener ocupados a los chavales que no la elijan, pero en ningún caso podrán avanzar o repasar contenidos de otras disciplinas
Ignacio ZafraValencia – 22 nov 2021 – 05:30ACTUALIZADO: 22 nov 2021 – 12:05 CET84
Las comunidades autónomas están planificando qué hacer con los cerca de dos millones de alumnos que no estudian Religión. Desde el curso que viene, quienes no la elijan no cursarán otra asignatura, como hasta ahora. Los centros deberán ofrecerles una “atención educativa”, pero esta no podrá consistir en que aprendan nuevos contenidos, ni siquiera en repasar con un docente los ya recibidos en clases de refuerzo, según los extraños límites que envuelven la enseñanza religiosa en los centros educativos, construidos sobre un acuerdo internacional (el suscrito en 1979 por España y la Santa Sede), varias sentencias del Tribunal Supremo y las normas del Ministerio de Educación, las últimas de las cuales serán publicadas en breve. Las autonomías barajan varias opciones. Entre ellas, que trabajen en los proyectos transversales de centro que suelen tener en marcha colegios e institutos, dedicados a cuestiones como la sostenibilidad o la igualdad; que estudien de forma autónoma supervisados por un profesor, o que practiquen “deporte libre”, también bajo supervisión docente.
Uno de los responsables educativos autonómicos consultados por este periódico, que piden no ser identificados con el argumento de que todavía no han tomado una decisión definitiva, no descarta otra posibilidad: que los centros, especialmente los institutos, pongan la Religión a primera o última hora de la jornada, y quienes no tengan la materia puedan llegar más tarde o irse antes. La fuente admite, sin embargo, que tal y como el Ministerio de Educación ha redactado los borradores de decreto de currículo, esa posibilidad puede ser problemática.
La nueva regulación, pendiente de ser aprobada, establece que en primaria y la ESO los centros darán a quienes no elijan Religión la “debida atención educativa” mediante proyectos colaborativos, con el objetivo de reforzar “la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad” y los “aspectos más transversales del currículo”. El redactado ha sido elegido para evitar un choque con la Iglesia (partidaria de mantener una asignatura espejo evaluable). Pero también está condicionado por el estrecho camino que los jueces han marcado en las últimas tres décadas. Las sentencias han establecido que lo que haga el alumnado que no estudia Religión no puede ser demasiado ―en el sentido de aprovechar el tiempo para repasar contenidos de otras materias, porque según el Supremo ello pondría en desventaja a quienes escogen la asignatura confesional―, ni demasiado poco ―esto es, no teniendo una actividad escolar, porque según el mismo tribunal ello les permitiría “dedicar esas horas a juegos y ocio, lo que atraería a la mayoría de los alumnos a no optar por ninguna clase de religión”―.
Pérdida de relevancia
Entre la decena de autonomías que han respondido a las preguntas de este diario sobre sus planes en torno a Religión, no figura ninguna de las cinco gobernadas por el PP. Pero todos los territorios tendrán un límite común: la pérdida de relevancia académica de la materia, ya que ni esta, ni la actividad que se programe para quienes no la elijan contarán en el expediente académico a efectos de pedir becas o acceder a una carrera.Más informaciónNo tenemos que salvar a la filosofía. Es la filosofía la que nos debe salvar a nosotros
La opinión casi unánime en la comunidad educativa es que ello supondrá una caída de la matrícula de la asignatura. Pedro Huertas, secretario general de Escuelas Católicas, la patronal de la escuela concertada religiosa, afirma: “Si a la asignatura se la margina, se le quita la materia espejo, incluso algunas autonomías se plantean sacarla del horario escolar normal… es lógico que haya un descenso de alumnado, sobre todo en los colegios públicos, aunque espero que no sea muy significativo”.
La materia ya ha perdido muchos estudiantes. Respecto a finales de los años noventa, ha perdido 20 puntos en primaria y 10 en secundaria, hasta matricular en torno al 60% del alumnado en ambas etapas. El retroceso ha sido mayor en los centros públicos (donde se sitúa en torno al 50%) que en los concertados (donde la estudia más del 80%). Y hay grandes diferencias por comunidades: en Andalucía, en primaria, casi 8 de cada 10 alumnos tienen Religión, mientras en el País Vasco no llegan a cuatro.
Abandono del cristianismo
El descenso se ha producido, explica Rafael Ruiz, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en el contexto de la “secularización muy profunda y drástica” que ha vivido la sociedad española, particularmente desde el inicio del siglo XXI, situándose como uno de los tres países europeos donde más ha retrocedido el cristianismo. Un 40% de la población se declara no religiosa, según ha publicado este año el CIS. Y las bodas por la Iglesia cayeron el año pasado al 10% del total, 65 puntos menos que a mediados de los años noventa.
La pérdida de alumnos de Religión no ha sido tan intensa. Hungría Panadero, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, entidad que publica cada año un informe sobre la laicidad en España, lo atribuye al hecho de que la anterior ley educativa aprobada por el PP “potenció la asignatura al hacer que computara para la media en secundaria”. A diferencia de en primaria, donde el descenso de matrícula es sostenido, en la ESO se observa que mientras entre 1998 y 2013 el alumnado cayó 20 puntos, desde aquel año, que fue en el que se aprobó la llamada ley Wert, ha aumentado 10.
Rafael Ruiz, que a principios de 2022 tiene previsto publicar el libro La secularización en España, considera que en la resistencia de la materia de Religión influye también que un porcentaje significativo de la sociedad, en torno a un 30% según la información demoscópica disponible, se sitúa en una “zona gris” sobre el tema: no le interesa mucho la asignatura, pero tampoco la rechaza, ellos mismos la cursaron, creen que no les dejó una huella importante y se inclinan por pensar que si sus hijos asisten, algo aprenderán.
Negociación discreta con los obispos
La regulación de la religión en la escuela ha ido en paralelo a una discreta negociación entre el Ministerio de Educación y la Conferencia Episcopal. Una búsqueda de acuerdos favorecida por el objetivo de la ministra Pilar Alegría de reducir la confrontación en el ámbito educativo, y por los cambios que se han producido en los últimos tiempos en la comisión permanente del órgano que coordina a los prelados españoles, que ha situado en puestos clave, incluida el área educativa, a personas que sintonizan con el discurso del papa Francisco.
La Conferencia Episcopal ha presentado unos nuevos contenidos de la asignatura de Religión que, según los acuerdos de España con el Vaticano, corresponde elaborar a la Iglesia, muy diferentes a los actuales. El tono de catecismo es sustituido por otro más moderno, incluso progresista en cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la pobreza y el ecologismo.
El Ministerio de Educación, por su parte, ha establecido que las comunidades autónomas deberán ofrecer al menos una hora de Religión a la semana, cuando el PP abrió la puerta a que fueran solo 45 minutos al fijar ese tiempo para Ceuta y Melilla (donde el Gobierno tiene plena competencia educativa). Y ha puesto difícil, con el redactado de los borradores de decreto, que el alumnado que no elija Religión pueda ausentarse del centro a esas horas. A cambio, ha ganado la paz en un terreno habitualmente conflictivo. Hace un año, el portavoz de la Conferencia Episcopal amagaba con apoyar los recursos de inconstitucionalidad a la nueva ley educativa, la ley Celaá. Ahora, en cambio, no ha habido protestas.
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Sobre la firma
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS
La escuela laica, la escuela única
José Amestoy AlonsoEscritor y profesor licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza. Sus líneas de investigación son Climatología, Medio Ambiente y Tercer Mundo.
urante la Segunda República española de 1931 a 1936, se desarrollo una enseñanza y educación que en periodos históricos anteriores estaba mediatizada por los poderes fácticos, sobre todo por la Iglesia. Es ahora con la Segunda República cuando se ponen las bases del laicismo y la la escuela única, igual para todos.
Al proclamarse la II República en abril de 1931, más del 30 por ciento de la población española era analfabeta, la educación estaba en la mayoría de los casos, en manos de instituciones religiosas y era más un privilegio que un derecho. Ante este panorama desolador, el gobierno republicano se fijó como prioridad mejorar la formación de la población de niños y adultos. Para ello dispuso un paquete de medidas entre las que destacó la duplicación del número de las escuelas.
Un plan quinquenal que quería repartir por toda la geografía nacional un total de 27.151 escuelas para paliar el déficit existente. La ampliación de escuelas llevaba aparejada otra serie de reformas entre las que se inscribían, la reforma de las condiciones económicas de los maestros -6.833 maestros pertenecientes al 2º Escalafón vieron ascendidos sus ingresos-, y el sistema de acceso a la enseñanza, así como la mejora de las Escuelas Normales. Tras el verano de 1931 se procedió a la reforma de las mismas, implantando el denominado «plan profesional» y la unificación de los dos sexos en una sola Normal mixta.
El 31 de agosto de 1931, Marcelino Domingo le pedía a Miguel de Unamuno, presidente del Consejo de Instrucción Pública para que preparase una ley que sustituyese a la obsoleta Ley de Moyano, que databa de 1857. El Ministro le pedía al catedrático de la Universidad de Salamanca que la ley favoreciera el establecimiento en España de la escuela única. El Consejo encargó a Lorenzo Luzuriaga la redacción de un proyecto de ley basado en la escuela única. Según este documento, la educación debía basarse en los siguientes principios:
- La educación pública es esencialmente una función del Estado.
- La educación pública debe ser laica.
- La educación pública debe ser gratuita, especialmente en la enseñanza primaria y media.
- La educación pública debe tener un carácter activo y creador.
- La educación pública debe tener un carácter social, por lo que se articulará un sistema de participación entre las representaciones sociales diversas y la escuela.
- La educación pública debe atender conjuntamente a los alumnos de uno y otro sexo, haciendo de la coeducación un principio pedagógico aplicable a todos los grados de la enseñanza.
- La educación pública constituye un sistema unitario.
- El profesorado de la educación pública constituye un todo orgánico. Siendo una la función educativa, uno debe ser también el profesorado, lo que significa que debe recibir una preparación equivalente, asumir un trabajo docente similar y análoga retribución.
Estos principios se consagraron en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 como puede apreciarse en el contenido de algunos de sus artículos:
Artículo 1º: España es una República democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.
Artículo 3º: El Estado español no tiene religión oficial.
Artículo 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de enseñanza oficial son funcionarios públicos.
La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
La República legislará en el sentido de garantizar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.
Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.
El artículo 49 hacía referencia a la expedición de títulos y el 50 a la enseñanza en las regiones autónomas, a la inspección del Estado y a la expansión cultural de España en el extranjero.
El reconocimiento constitucional de estos principios desató una guerra escolar abierta y cada vez más encarnizada. La discusión en las Cortes Constituyentes del Artículo 26 de la Constitución, sobre congregaciones religiosas, en el que se establecía, entre otras cosas, la prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza, dio lugar a la primera crisis de gobierno. La oposición de la iglesia española a la República fue cada vez más explícita. Posiblemente en la posición de los legisladores republicanos frente a la Iglesia católica se encuentra la clave de muchas de las resistencias que la República despertó.
Las medidas de mayor repercusión tienen que ver con la ardua cuestión religiosa. El 23 de enero de 1932 se procedía a decretar la disolución de la Compañía de Jesús y, el 2 de junio del año siguiente, se dictaba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que era la consecuencia directa de poner en práctica el mandato constitucional.
Tras la victoria del Frente Popular, el Gobierno presidido por Azaña colocaba, nuevamente como ministro de Instrucción Pública, a Marcelino Domingo y como subsecretario a Domingo Barnés, y se asumían los mismos principios que habían permitido la revolución de la enseñanza en el primer bienio, anulándose las decisiones del bienio derechista. Pero poco se pudo hacer porque la sublevación y golpe de Estado del ejército, el 18 de julio de 1936, anunciaba la ruina definitiva de un régimen legítimamente constituido y se daba comienzo al período más oscuro de nuestra historia contemporánea.
Mirar el pasado no es justificarlo ni emanciparse de él sino intentar encontrar las claves para comprender mejor nuestro propio presente, porque como dice Josep Fontana: «Debemos buscar las reformas que pueden permitirnos construir un futuro de progreso, crecimiento y equidad, como el que querían los hombres de 1931, de cuyos proyectos, ambiciones y sueños somos los legítimos herederos, con todo lo que ello tiene de privilegio y con todo lo que tiene de deber».
Una escuela pública, obligatoria, laica, mixta, inspirada en el ideal de la solidaridad humana, donde la actividad era el eje de la metodología.
Así era la escuela de la II República española. De todas las reformas que se emprendieron a partir de abril de 1931, la estrella fue la de la enseñanza. «Sin ninguna duda, la mejor tarjeta de presentación de la República fue su proyecto educativo», asegura el catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá de Henares Antonio Molero.
«Efectivamente, fue la piedra angular de todas las reformas: había que implantar un Estado democrático y se necesitaba un pueblo alfabetizado. Era el Estado educador», ratifica la doctora en Historia por la Universidad de Huelva Consuelo Domínguez. Tanto ella como Molero se han especializado en la enseñanza de la II República, un ambicioso proyecto que los maestros acogieron con entusiasmo.
En los estudios de enseñanza sobre la Segunda República de Antonio Melero catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá de Henares y de la doctora de Historia de la Universidad de Huelva Consuelo Domínguez nos hemos basado para escribir estas líneas.
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