Familias profesionales para niños especiales


Algunas administraciones ya pagan un salario para encontrar un hogar de acogida a menores en desamparo
España cuenta con 11.000 tutelados en instituciones, una anomalía en Europa El modelo británico
Los expertos aprueban que se pague por acoger a menores y aconsejan un estudio de cada caso

· En Europa, el internamiento en centros estatales es excepcional
· «Estos niños son socialmente invisibles», dice un experto

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· Sólo Guipúzcoa y Andalucía disponen de un programa profesionalizado
· Canarias dispone de una bolsa de más de 500 hogares para acoger niños
· Valencia reducirá a 2 años los tramites  de adopción

JOSEP GARRIGA 14/07/2009  (EL PAIS)
Antes un orfanato era un orfanato y al hospicio se le llamaba hospicio. Ahora ya no. Los gobernantes autonómicos que tienen bajo su tutela a miles y miles de niños y adolescentes utilizan expresiones como centros de acogida, viviendas, residencias, hogares, centros de acción educativa, acogimientos residenciales y un largo etcétera. Lo que, en la mayoría de los casos, maquilla la incapacidad de la Administración para otorgar a estos menores una familia. Un derecho reconocido en los tratados internacionales y en la legislación española.

En todo este triste asunto -muchas veces reducido a una simple y fría estadística- sólo hay dos cosas ciertas. Primera, que -afortunadamente- los centros ya no son esas macroestructuras desangeladas en las que decenas de niños se hacinaban en fríos pabellones y en los que la vara de boj y los abusos se convirtieron en habitual método pedagógico. Y segunda, que en España existen 11.000 niños (datos de 2006) que viven en acogimientos residenciales y a quienes el Estado debe una familia. El resto (3.400) viven en familias y un 6% sufre algún tipo de discapacidad o trastorno que requiere -en teoría- atenciones especiales. Pues bien, en España sólo existen una veintena de familias profesionalizadas para atenderles. Un modelo de acogimiento extendido en el resto de Europa pero que en España no ha pasado de prueba piloto pendiente de evaluación por los expertos.

Las competencias sobre protección de menores están transferidas a las comunidades autónomas y, en el País Vasco, a las diputaciones forales, lo que dificulta enormemente conocer el número exacto de niños desprotegidos. Se calculan unos 30.000. Existen -con multitud de variables- dos tipos de acogimiento: en centros residenciales y en familia, que puede ser extensa (con algún grado de parentesco respecto al niño) o ajena. «El punto de partida es la conciencia de que en España tenemos un intolerable nivel de institucionalización de la infancia y la adolescencia. Es una anomalía que sólo se soporta por la invisibilidad de estos menores. Ante estos casos, uno se da cuenta de que la grandilocuencia sobre el supremo interés del menor debe referirse a otro tipo de niños, no precisamente a los que están institucionalizados», opina Jesús Palacios, uno de los mayores expertos europeos en protección de menores y catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla y profesor en Cambridge (Reino Unido). Y remata: «Estos niños no sólo son socialmente invisibles, sino que también estadísticamente son difícilmente cuantificables».

En España la Administración nunca se ha enfrentado a una reforma a fondo del sistema de acogimiento, al contrario que en Europa. La institucionalización y la familia extensa mandan. No por casualidad: son las alternativas que menos esfuerzo requieren por parte del sistema de protección, coinciden en afirmar Jesús Palacios y Jorge Fernández del Valle, profesor de psicología social de la Universidad de Oviedo.

En febrero empezó a andar en el Senado una comisión sobre adopciones y temas afines justamente para ofrecer a la Administración pautas para cambiar el sistema en España. Todos los comparecientes alertaron sobre el desorbitante número de niños acogidos en centros y en la necesidad de regular y promocionar el acogimiento profesionalizado.

Es aquel en que el acogedor, con una formación específica en el campo de la educación y con amplia experiencia en trabajos sociales, se dedica a tiempo completo a la atención del menor y cobra un sueldo por ello. El chaval vive en una familia y recibe unos cuidados especializados. Es un modelo en torno a la figura del acogedor, no en torno al menor como el acogimiento voluntario, tradicional e, incluso, el especializado. En estos últimos tres casos, el acogedor recibe una formación específica, pero puede no ser un profesional del sector educativo o social. En el profesional, la mayoría de personas son pedagogos, psicólogos, maestros, monitores o educadores sociales y va destinado principalmente a menores y adolescentes con graves dificultades físicas, psíquicas o sensoriales y/o problemas de conducta.

A pesar de que media docena de comunidades autónomas tienen regulada la figura del acogimiento profesional, únicamente la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Junta de Andalucía han puesto en marcha programas específicos propiamente dichos. Dos experiencias con resultados excelentes pero con escasas familias inscritas. Guipúzcoa dispone de siete núcleos familiares que acogen a diez menores. En Andalucía, nueve núcleos y otros tantos niños. En Castilla y León, de los 809 menores en familia ajena, el 47% viven en núcleos especializados pero no, por ello, profesionales.

Un dato elocuente: mientras el cese de acogimientos en familia tradicional o voluntaria alcanza porcentajes del 25% -las comunidades autónomas lo reducen a un poco creíble 3%- en los acogimientos profesionales de Andalucía y Guipúzcoa no se ha dado ningún caso de interrupción. Los expertos prefieren hablar de interrupción o cese, nunca de fracaso, porque el menor, aunque abandone el seno familiar porque la convivencia se ha quebrado, siempre retiene todo lo aprendido. Un reconocimiento por parte del niño que, a veces, sólo llega en la edad adulta.

El año pasado, Jorge Fernández del Valle realizó un estudio en el que evaluó los resultados del acogimiento familiar en España. En el 50% de los casos el menor mejoró en el contexto escolar; en el 48% la evolución en la conducta fue efectiva y en el 70% se produjo un progreso notable de la salud. La valoración global del acogimiento fue «exitoso» en el 56% de los casos estudiados. Sólo en el 9% se registraron problemas. Unos datos que demuestran que una familia es el mejor entorno para la evolución del niño desprotegido o desamparado. «Estoy trabajando en el caso de un niño que entró en un centro con un año y acaba de cumplir ocho en otro centro. Y seguirá cumpliendo años de centro en centro. Su estado psicológico es cualquier cosa menos envidiable», comenta Palacios a título de ejemplo.

Frente al caso de Palacios está el de Edurne (nombre ficticio), de 48 años y residente en San Sebastián. Vive en pareja y tiene tres hijos, de 19, 16 y 12 años. En enero del pasado año se inscribió en el programa de acogimiento profesional de la Diputación Foral. Estudió para trabajadora social y quería reincorporarse a la vida laboral. Desde entonces acoge a un muchacho de ocho años que se ha integrado por completo a la familia. «Antes necesitaba un acompañamiento permanente en la ikastola, ahora ya no. Su mejora en la escuela ha sido notable», comenta. «El primer año es muy difícil porque la convivencia es complicada, pero ahora nos hemos ido una semana de vacaciones todos juntos y nos lo hemos pasado muy bien. Hay que buscar situaciones de encuentro relajadas para que los niños puedan conocerse», agrega.

¿Lo recomendarías? «Por supuesto que sí. Se lo he comentado a mi entorno, pero muchos anteponen los propios miedos a la separación. Yo no me planteo ni pienso en el día que se vaya, porque durante el tiempo de convivencia recibes de él muchas cosas buenas y compensa con creces todos los miedos. Con nuestros propios hijos no nos planteamos el día que abandonen casa».

Edurne, por su trabajo, recibe un sueldo similar al de un educador que trabaje en un centro oficial o concertado. La Diputación señala que el sueldo es de cerca de 2.000 euros brutos mensuales más 1.238 euros de manutención y gastos. La Junta de Andalucía paga, por ejemplo, unos 700 euros mensuales más otros gastos variables. Y la Generalitat de Cataluña, que va a empezar una prueba piloto, pagará 43.000 euros anuales, más 400 euros mensuales por niño y 12.000 euros para otros gastos en caso de que deban realizarse reformas en el domicilio para atender al menor discapacitado. En Castilla y León, las familias con niños con problemas de conducta o graves discapacidades perciben hasta 58 euros al día.

Aunque la nómina, en ocasiones, puede resultar atractiva, nadie -ni Administración ni expertos- cree que esta forma de acogimiento acabe derivando en un negocio lucrativo. Primero, el ínfimo número de familias inscritas lo evidencia. Segundo, porque es un programa destinado a niños que requieren una atención profesional y personalizada, con problemas o disfunciones psíquicas, físicas o sensoriales, y adolescentes con trastornos de conducta. «Te aseguro que con la mochila que llevan estos niños una familia inexperta no aguanta el embate de la primera semana», sostiene Fernández del Valle. La misma opinión comparte Javier Martínez, de la organización no gubernamental Unsac, con quien colabora la Diputación Foral de Guipúzcoa: «En muchos casos no son chicos especiales de por sí, sino que las circunstancias de la vida los ha hecho especiales. Y tienen que cargar con esta mochila».

Edurne confiesa que la ayuda de Unsac ha sido determinante en días de crisis para poder seguir adelante. Y ése es un apoyo que los expertos consultados consideran imprescindible para evitar que la integración en una familia profesional acabe como el rosario de la aurora. Todos los acogimientos familiares disponen de un grupo de asesores, pero en el profesionalizado deben tomarse todas las cautelas. Andalucía y Guipúzcoa lo hacen con entidades colaboradoras, a quienes se informa constantemente sobre la evolución del menor, realizan terapias de grupo con otros acogedores y disponen además de un teléfono 24 horas para casos de urgencia.

Quien piense en esta fórmula de acogimiento para acabar adoptando al niño, que lo descarte. La mayoría de las comunidades lo prohíben. Y que vaya haciéndose a la idea de que la estancia del niño en casa pueda prolongarse, incluso hasta la mayoría de edad del adolescente, por mucho que algunos expertos lo desaconsejen. Lo ideal es que los menores regresen a su familia biológica, pero eso ocurre en un mínimo porcentaje. Después están las adopciones, pero pocas familias aceptan a niños discapacitados o adolescentes. En 2008, la Generalitat de Cataluña realizó sólo una adopción de un niño mayor de ocho años. Y eso que tiene la tutela de 7.673 niños. Por el contrario, 500 familias canarias se han inscrito este año en la bolsa de familias de acogida tras una campaña de la comunidad.
PA

El modelo británico

WALTER OPPENHEIMER 14/07/2009 (EL PAIS)
El Reino Unido apuesta por la utilización creciente de familias y personal cualificado en la acogida de niños, en detrimento de las residencias o los colegios. La gran reforma llevada a cabo en 1989 para reforzar los derechos de la infancia hizo hincapié en que un menor sólo puede ser obligado a pasar a la tutela de la Administración cuando hay una orden judicial, al tiempo que pone especial énfasis en la necesidad de buscar un acuerdo antes de llegar a ese extremo.

Según la Asociación Británica para la Adopción y la Acogida, en 2008 había en Reino Unido casi 80.000 niños bajo la tutela pública. De los casi 58.000 que había en Inglaterra, el 71% vivía con cuidadores, el 8% con sus padres, el 4% en trámite de adopción, el 11% en residencias infantiles y el 3% en internados.

Las personas que aceptan acoger en su hogar a menores bajo tutela de la Administración tienen un estatus semiprofesional: perciben ciertas compensaciones económicas, pero están obligadas a demostrar su cualificación y se han de someter cada año a una evaluación de los servicios sociales de su ayuntamiento.

Esa compensación varía en función de la zona en la que se reside y la edad del acogido, y oscila entre las 100 libras semanales (115 euros) por cuidar de un bebé en cualquier región, excluidos Londres y el sureste de Inglaterra, y las 176 libras (casi 205 euros) por un joven de 16 o 17 años en Londres.

Hay siete tipos diferentes de acogida. «Emergencia», cuando los niños necesitan que les cuiden por unos días. «Corto plazo», semanas o meses. «Estancias cortas», para niños discapacitados, a menudo, estancias muy breves y planificadas para que los padres puedan tomarse unos días de descanso sin ellos. Otro tipo es la ordenada por un juez con la específica indicación de que el niño esté al cuidado de especialistas con determinada formación. Un quinto tipo es la acogida de «largo plazo», para niños que viven mucho tiempo con determinada familia pero no quieren ser adoptados y desean mantener el vínculo con sus progenitores. Otro tipo es la ejercida por familiares o amigos, bajo responsabilidad de los servicios sociales. Finalmente, la «acogida privada» se da cuando los padres biológicos pactan que el hijo viva con otra familia: si eso ocurre durante más de 27 días, se tiene que informar al Ayuntamiento.
PA

ASTURIAS
PROFESOR DE PSICOLOGÍA FUNDACIÓN MENIÑOS PARLAMENTARIA DEL PP ASOCIACIÓN TRAMA

Los expertos aprueban que se pague por acoger a menores y aconsejan un estudio de cada caso

El PP critica que la medida creará «familias de primera y de segunda»
Bienestar paga ahora 250 euros al mes por niño para su manutención


JORGE FERNÁNDEZ DEL VALLE
«La profesionalización está dando muy buenos resultados en otros países»

ELVIRA ÁLVAREZ
«Que nadie piense que se va a hacer rico con esto ni que va a ser un trabajo fácil»

INMACULADA GONZÁLEZ
«Los acogimientos deben realizarse por solidaridad. Si no, se producirán agravios»

ÁNGEL REY
«Es un plan positivo, pero hay que estudiar bien los perfiles del menor y la familia»

16.07.09 – AZAHARA VILLACORTA | OVIEDO (EL COMERCIO)
Expertos en Infancia aplauden el plan del Ejecutivo autonómico de pagar un salario a aquellas familias que acojan temporalmente a un menor en situación de desamparo con necesidades especiales cuando no pueda regresar con su familia biológica. Coinciden además en que hacerse cargo de estos niños y adolescentes es un trabajo muy exigente y a tiempo completo que implica que el acogedor tenga una formación específica para hacerse cargo de estos menores con problemas y con serias dificultades para ser adoptados .

Uno de los máximos especialistas en la materia en el Principado, como avalan sus numerosas publicaciones, es el profesor de psicología social de la Universidad de Oviedo Jorge Fernández del Valle.

Una de sus investigaciones sobre los resultados del acogimiento familiar en España concluye que, en el 50% de los casos, el menor acogido mejoró en el contexto escolar, que en el 48% la evolución de su conducta fue positiva o que en el 70% se produjo un progreso notable de su estado de salud. El trabajo recoge asimismo que, en otro 56% de los casos, la valoración global del acogimiento fue «exitosa» y que sólo en un 9% hubo problemas.

Fernández del Valle defiende la medida, que ya se ha puesto en marcha en Andalucía y País Vasco, y recuerda que «cada vez hay más menores institucionalizados», un incremento que «en los últimos años se debe a la llegada de niños y adolescentes inmigrantes no acompañados a la región».
Ellos cada vez son más, pero las familias de acogida no aumentan «porque el modelo familiar en España no es propicio para tener más hijos», apunta Fernández del Valle, que asegura que «la profesionalización está dando muy buenos resultados en otros países».

También a Ángel Rey, coordinador de la Asociación Trama, con una amplia experiencia en el trabajo con menores con problemas de conducta, le parece «una idea positiva», aunque precisa que «va a haber que estudiar muy bien los perfiles de acogedores y de niños».
Elvira Álvarez, de la Fundación Meniños, centrada en acogimientos de menores con características especiales, advierte algo en lo que también abundan la mayor parte de los expertos: «Que nadie piense que se va a hacer rico con esto ni que va a ser un trabajo fácil, porque ningún acogimiento lo es. Menos, los de riesgo».

Se refiere Álvarez a lo arduo de acoger a menores con problemas de conducta o con discapacidades psíquicas o físicas, que «requieren un tratamiento especial».

«No es comercializar»

Para esta experta, «el sistema actual de acogimiento es claramente insuficiente» y «lo mejor para los niños es no crecer en una institución». Y «en ningún caso se trata de comercializar una medida de protección. Es concebir a las familias como prestadoras de un servicio y muchos profesionales podrán acogerse al sistema».

«Lo único que va a conseguir el Principado es crear familias de primera y de segunda», discrepa la diputada regional del Partido Popular Inmaculada González. El principal argumento que esgrime el PP para oponerse al proyecto es que «los acogimientos deben realizarse por solidaridad», de manera que «las personas que optan por esta alternativa deben hacerlo desinteresadamente».

Además, según la diputada, «se generaría un agravio comparativo entre aquellas familias que sólo perciben una cantidad en concepto de manutención de esos menores tutelados por el Principado y aquellos que perciben un sueldo cuando, a lo mejor, tienen similar nivel de formación».
Se refiere así Inmaculada González a que las personas que participan en el programa de ‘familias canguro’ desarrollado por Cruz Roja perciben del Principado 250 euros mensuales por cada niño acogido además de las dietas correspondientes por desplazamiento, según confirmaron fuentes de la Consejería de Bienestar Social.

El proyecto responde, a juicio de la parlamentaria popular, a que «lo único que está haciendo el Principado en política de menores es dar palos de ciego y funcionar a golpe de ocurrencia. Todo, derivado de que no hay fondos para este capítulo, como demuestra el hecho de que aún funcionen con el Plan de Infancia que concluía en 2007».
EL COMERCIO

2 Comments

    1. Hola Marta. No sé muy bien qué quieres decir con tu pregunta. Cuando en el ámbito educativo se habla de «familias profesionales» hacemos referencia a las especialidades en las que se ordena la oferta en formación profesional específica…
      No sé qué es una «familia profesionalizada»…

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